domingo, 25 de septiembre de 2016

Argentina. El zorro en el gallinero: Oficina de marcas y patentes en manos de abogados de empresas multinacionales

zorro
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La empresa PAGBAM PI es una firma que provee una amplia gama de servicios relacionados con la protección y el cumplimiento de todos los derechos de Propiedad Intelectual, desde las áreas más tradicionales, como patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales y comerciales, diseños industriales y variedades vegetales, hasta las manifestaciones más recientes, como los nombres de dominio, Internet y derechos de privacidad. Asimismo, contamos con experiencia en derechos de publicidad y marketing.
El grupo de Propiedad Intelectual cuenta con un equipo multidisciplinario capaz de asistir a nuestros clientes en casos complejos. Abogados, ingenieros, químicos, asistentes legales y personal administrativo trabajan en conjunto para brindar una óptima calidad de servicios legales y una solución personalizada a cada cliente. A través de nuestra red de corresponsales prestamos servicios relacionados con la Propiedad Intelectual en todos los países de América Latina. Nuestra organización nos permite además administrar una cartera local o regional de patentes, marcas y derechos de autor de compañías multinacionales. Estamos convencidos de que abordar las necesidades de nuestros clientes desde un enfoque proactivo redunda en beneficio de estos. Por ello dedicamos una parte importante de nuestra práctica al asesoramiento legal a fin de encontrar la mejor manera de proteger los activos intangibles. La experiencia nos ha demostrado que en la mayoría de los casos un asesoramiento legal oportuno evita un litigio innecesario. Pese a ello, en caso de que surgiera la necesidad de litigar, contamos con un equipo completo y multidisciplinario de abogados, químicos e ingenieros que goza de una fuerte reputación en los Tribunales Federales. Ellos se encuentran preparados para enfrentar cualquier disputa referida a los derechos de Propiedad Intelectual“.
Esta presentación corresponde al estudio jurídico PAGBAM, siglas de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). PAGBAM PI se fundó originalmente en 1995 cuando los doctores Fernando Alonso y Dámaso Pardo decidieron establecer su propio estudio. La práctica se inició con el nombre de Alonso, Pardo & Asociados.
En el año 2001, Alonso, Pardo & Asociados y el estudio de práctica general y corporativa Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) decidieron “combinar sus prácticas y establecer una alianza estratégica”, afirman los socios.
Antes de asumir el pasado mes de junio en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Pardo debió suspender su matrícula de agente de la propiedad industrial ante el INPI, como así también renunciar a la participación societaria que mantenía en la firma PAGBAM: como se aprecia, la incompatibilidad es manifiesta.
Su socio, José Alfredo Martínez de Hoz (hijo) fue quien realizó lobby ante el gobierno para lograr ubicarlo al frente del INPI controlando, ya no desde afuera, sino ahora desde adentro, todos los procesos de resoluciones de marcas y patentes en el país. En Argentina alrededor del 50% de las solicitudes de marcas y el 90% de las patentes pertenecen a empresas extranjeras. Se sabe que este estudio de abogados fue además socio aportante de la campaña presidencial de Mauricio Macri.
PAGBAM no solamente se ha dedicado a la propiedad industrial, sino también a defender los intereses de las empresas transnacionales contra el Estado argentino ante el CIADI y demas tribunales internacionales. El presidente del INPI trabajó antes como abogado de empresas sobre las que ahora debe decidir otorgar derechos exclusivos de explotación por 20 años.
El socio en PAGBAM especialista en marcas y docente en la Universidad del Opus Dei (Univ.Austral), Dámaso Pardo,  es el encargados de garantizar los nuevos negocios que se van a generar a partir de la concesión de patentes biotecnológicas y farmacéuticas en Argentina.
Confirmando esto, Pardo emitió una resolución administrativa publicada en el boletín oficial a la medida de las empresas extranjeras en la Argentina que impacta directamente en  los intereses económicos de los laboratorios farmacéuticos nacionales quienes ocupan un 50 % del mercado de los medicamentos en el país.
Esta resolución ha sido duramente fustigada por las cámaras farmacéuticas locales, quienes ven a esta decisión inconstitucional y violatoria de varias leyes nacionales. Esta resolución permite que oficinas de patentes de otros países decidan sobre el patentamiento en nuestro país, pues mediante una simple instrucción se faculta a los examinadores de patentes argentinos a dar por válidos los resultados de patentabilidad resueltos por examinadores de EEUU, Unión Europea o Japón, quienes poseen más del 90% de las patentes del Mundo.
Con esta resolución la oficina de patentes de Argentina se convierte en un simple registro que permitirá sin embargo otorgar un monopolio para cada uno de los productos que presenten las empresas extranjeras concentrando aún más la economía en manos de las empresas y aumentando las ganancias del sector farmacéutico transnacional en el mercado argentino.
Pardo y su banda están consumando una gran maniobra jurídica y económica para lograr que sus habituales clientes se hagan de un botin de millones de dólares al conceder patentes a estas empresas, ahora desde adentro del INPI, obligando a su empleados a cumplir con la Resolución 56 /2106.
Los examinadores de patentes argentinos deberán aprobar los informes de búsqueda internacional y exmen de patente realizados por oficinas extranjeras que contemplan,por ejemplo, los segundos usos farmacéuticos, las variedades vegetales o las patentes de software.
Esta resolución administrativa  “fast track”, transfiere la decisión soberana de conceder o denegar patentes a organismos extranjeros o supranacionales. Dámaso Pardo y el gobierno de Macri, como agentes personeros estadounidenses en Argentina, pretender modificar la ley de patentes nacional, invocando convenios con otras oficinas pasando por alto al Congreso Nacional y usurpando sus funciones.
El zorro Pardo fue colocado en el gallinero (INPI) para desplumar a las empresas farmacéuticas nacionales, la sociedad argentina y apoderarse definitivamente del mercado de medicamentos local.

original en 
http://observadorpatentesur.blogspot.com.ar/2016/09/el-zorro-en-el-gallinero-oficina-de.html

sábado, 24 de septiembre de 2016

La ONU recomienda saltarse las patentes de algunos fármacos cuando hay necesidad ciudadana

Pablo Trillo / Irene Bernal, eldiario.es 24 deseptiembre de 2016 

Un Panel de expertos de Naciones Unidas destaca la necesidad de que los gobiernos adopten una legislación nacional para saltarse las patentes de algunos fármacos cuando se convierta en una necesidad ciudadana
Las conclusiones, conocidas recientemente, ofrecen propuestas para cambiar un sistema de I+D farmacéutico que solo beneficia a la industria

 

El gasto farmacéutico desciende casi un 2% en julio, hasta los 11,1 millones
Imagen de archivo. Efe
Nunca antes en la historia de la humanidad el conocimiento científico y tecnológico nos había permitido tratar enfermedades como es posible hacerlo a día de hoy. Las causas de muchísimas enfermedades han sido identificadas ya. La lucha contra los virus, bacterias y parásitos ha mejorado exponencialmente. Y vivimos en una época en la que el desarrollo de medicinas, vacunas y métodos de diagnósticos permiten tratar o prevenir enfermedades que hace apenas años eran fatales.
Pese a todo, millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a medicamentos y a servicios médicos básicos. En muchos casos, los fármacos, vacunas o diagnósticos no han sido desarrollados o mejorados por ser relativos a enfermedades asociadas a la pobreza y por carecer de un margen importante de beneficio, afectando claramente a numerosas comunidades en países de rentas medias y bajas que soportan la mayor prevalencia de estas enfermedades.
Esta amenaza, hasta ahora ajena en muchos lugares del mundo, comienza a ser parte de la realidad de muchos países desarrollados, que corren el riesgo de ver fracturada la sostenibilidad de sus sistemas de salud por los altos precios de nuevos fármacos, dando lugar a Estados de bienestar incapaces de asumir el gasto para toda la población que los necesita.
Si a esto le sumamos la llegada de nuevas amenazas en forma de enfermedades o de enfermedades resistente a los fármacos, el panorama que nos encontramos es tan incoherente como desolador.

Un panel de expertos sobre acceso a medicamentos

La Secretaría General de las Naciones Unidas convocó el pasado noviembre un Panel de Alto Nivel sobre innovación y acceso a tecnologías de la salud para encontrar soluciones a esta incoherencia existente entre el derecho a la salud y las normas de comercio y propiedad intelectual, con la intención de poner el acceso a medicamentos en el centro de la reforma pública nacional e internacional.
Entre diciembre y febrero, el Panel (formado por un grupo de 16 personas de diferentes ámbitos expertos en temas de comercio, salud pública y derechos humanos) fue recibiendo propuestas desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, grupos de pacientes, centros de estudios, gobiernos e industria farmacéutica: hasta 182 propuestas llegaron a sus manos.
La alta participación y la variedad y calidad de las aportaciones de cada sector enriquecía el debate y auguraban un análisis complejo y minucioso del grupo de expertos. Un análisis que se ha hecho esperar demasiado pero que, finalmente, vio la luz recientemente pasada a través de un informe de 70 páginas que ofrece recomendaciones y propuestas para cambiar un sistema de I+D farmacéutico que se ha demostrado fallido, que solo beneficia a la industria, y que deja a millones de personas de todo el planeta desatendidas.
En el informe, los expertos profundizan en los siguientes aspectos: la propiedad intelectual; la inversión en tecnologías sanitarias; el modelo de innovación en sí mismo y la necesidad de revisarlo; la transparencia en el proceso de investigación, en los ensayos clínicos y en distribución y comercialización; e impulsar nuevos modelos colaborativos y abiertos.

Propiedad Intelectual

El Panel , en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración de Doha y los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Además, siguiendo el artículo 27 de este acuerdo sobre los ADPIC, expone la necesidad de aplicar definiciones rigurosas de lo que es una invención y su patentabilidad, con el objetivo de limitar el “evergreening” o reverdecimiento, una práctica habitual de la industria farmacéutica con la que, a través de variaciones mínimas en la formulación de medicamentos ya patentados, consiguen nuevas patentes que les permiten mantener el monopolio sobre éstos.

Transparencia y ‘Open Access’

Según el Panel, los gobiernos deben exigir a los fabricantes y distribuidores de tecnologías de la salud total transparencia en todo el proceso de fijación de precios. Es decir, que se conozcan las cifras de los costes de investigación y desarrollo, de la producción, de la comercialización y de la distribución del medicamento, incluyendo marketing (las empresas suelen añadir los costes de marketing a los de I+D para legitimar los altos precios) y otras subcategorías.
El panel recomienda además transparencia para cualquier financiación pública recibida por los fabricantes en el desarrollo del medicamento, incluidos los créditos fiscales, subsidios y subvenciones. Los gobiernos, sugiere también el informe, deben requerir que el conocimiento generado con inversión pública se comparta a través de modelos abiertos y colaborativos, y que las publicaciones fruto de dichas investigaciones se encuentren disponible para ser cotejadas por terceros.

Financiación y coordinación internacional

El informe destaca la necesidad de una mayor financiación de la I+D en salud pública y de impulsar modelos alternativos de innovación, más eficaces que el actual. Los expertos sugieren que parta de la financiación necesaria para el desarrollo de investigaciones olvidadas pueda venir con la puesta en marcha de mecanismos innovadores de financiación como, por ejemplo, los Impuestos sobre Transacciones Financieras (ITF) que negocian desde 2011 algunos países europeos.
Los expertos recuerdan la necesidad de seguir el debate iniciado en el seno de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de negociar acuerdos globales sobre la coordinación, la financiación y el desarrollo de nuevas tecnologías en salud. Esto incluye las negociaciones sobre un acuerdo global de I+D vinculante y el impulso del conocido delinkage: es decir, desvincular los costes de investigación de los precios finales de las medicinas.
Un problema real
Las recomendaciones del Panel de Expertos identifican un problema real que ya no puede ser ignorado ni por el sector público ni por el privado. Los precios de los medicamentos incrementan a una velocidad imposible de asimilar por ningún Estado: mucho menos por sus ciudadanos. Precios secretos y establecidos de manera arbitraria por empresas que anteponen el lucro a la salud pública. Precios que disparan el gasto farmacéutico. Precios que, peor aún, coartan este gasto farmacéutico a costa de racionar tratamientos y terapias que llegan solo a unos pocos, o de frenar autorizaciones de nuevos medicamentos con valor terapéutico añadido.
Las recomendaciones del Panel de Expertos deben ser una guía internacional y nacional para darle coherencia a un sistema tan ineficaz como insostenible. En los próximos meses seremos capaces de ver si sirven de algo; si calan. Es cierto que muchas iniciativas solo prosperaran si el compromiso internacional se asume. No obstante, otras recomendaciones que tienen que ver con el dinero público invertido en I+D, proponen establecer condicionalidades que los Estados pueden asumir desde ahora mismo. El sector privado debe entender que la transparencia es la misma para todos los sectores industriales y que es por ello exigible. No podemos olvidar que el Estado es el principal cliente, y que el dinero con el que se pagan los medicamentos es de los ciudadanos.
Necesitamos un nuevo modelo de I+D en salud que responda a las necesidades de la población y de su salud, y no solo a los intereses financieros de las grandes compañías farmacéuticas. Desde organizaciones como Salud por Derecho, y a través de campañas como No Es Sano, llevamos muchos años denunciando este problema que nos afecta a todos y que pone en riesgo la vida de millones de personas alrededor del planeta cada día.

Laboratorios nacionales vs. extranjeros

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Una resolución oficial favorece a laboratorios extranjeros. Los locales van a ir a la Justicia para frenar su aplicación.

Los laboratorios locales irán a la Justicia para frenar la aplicación de una resolución dictada por el Gobierno ya que consideran que esa norma flexibiliza el otorgamiento de patentes para la venta de medicamentos en el mercado local y traslada esa responsabilidad a organismos de terceros países. Además de la supuesta contradicción con la legislación local que volvería a la norma inconstitucional, la industria farmacéutica advierte que la política oficial “favorece el avance en nuestro país de los monopolios extranjeros, se traducirá en un aumento de los precios de los medicamentos y tendrá un impacto negativo sobre inversiones y el empleo de la industria nacional”.
Según el Ministerio de Producción, la norma no vulnera facultades del Estado nacional, que conservaría la última palabra en materia de emisión de patentes, rubro tradicionalmente sujeto a fuerte lobby empresarial.
El 12 de septiembre, el Gobierno publicó la resolución 56 del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) que establece que se podrán considerar cumplidos los requisitos de patentabilidad y otorgar una patente si una oficina extranjera concedió una patente equivalente, sin necesidad de que la oficina argentina haga su propio análisis de patentabilidad. “La nueva resolución permite la extranjerización de las decisiones sobre concesión de patentes”, resumieron las empresas.
“La política de Estado argentina en materia de patentes durante los últimos 20 años se expresa en 6 leyes que establecen procedimientos para que se respete el equilibrio sobre todo en áreas sensibles como salud, alimentación y medio ambiente. Sin embargo, la resolución 56 permite al INPI evitar el examen de patentabilidad vigente en nuestro país, apoyándose únicamente en las decisiones tomadas por oficinas de patentamiento extranjeras”, aseguran desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa). “Se facilita desmedidamente el patentamiento, eliminando exigencias de prueba relevante y salteando etapas del proceso de evaluación”, agregan. La lectura de los empresarios locales es que la norma da ventajas a las multinacionales para que renueven sus patentes y así conserven nichos de rentabilidad en perjuicio de los laboratorios nacionales.
El INPI está presidido por Dámaso Pardo, funcionario designado por el macrismo a mediados de año. Pardo es un abogado de larga trayectoria en el campo de la propiedad intelectual litigando para las empresas y fue, hasta su asunción, socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Artnsen y Martínez de Hoz, éste último hijo del ministro de Economía de la última dictadura militar. El INPI es un nicho tradicional de lobby empresario. En la última gestión la pelota estuvo del lado de los laboratorios nacionales, que se vieron favorecidos por la restrictiva política de patentamientos. Ahora la situación sería inversa.
Los laboratorios van a ir a la Justicia contra la resolución 56. Los abogados de las empresas advierten que la norma “es inconstitucional porque es incompatible con la ley de patentes que obliga al INPI a examinar detalladamente cada solicitud de patente. Dicha exigencia es directamente incumplida ya que el INPI puede apoyarse en la decisión de oficinas extranjeras para conceder las patentes sin examen de fondo local. Además, viola el principio de independencia de las patentes de cada país establecido los convenios internacionales”.
El Gobierno asegura que la norma no vulnera facultades del INPI, que mantendría la última palabra a la hora de otorgar una nueva patente. “El INPI luego del exhaustivo proceso de análisis, podrá otorgar o denegar la patente de acuerdo a los criterios de novedad, altura inventiva y aplicación industrial tal como lo establece la normativa”, es el argumento oficial. Del otro lado, el poderoso sector local de laboratorios plantea que “el Gobierno busca transformar al INPI en un sello, en una mesa de entradas receptora de solicitudes de patentes extranjeras, que deberá concederlas con la mayor celeridad posible, vulnerando las funciones de resguardo del dominio público nacional que debe cumplir”.

original en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310165-2016-09-24.html

martes, 20 de septiembre de 2016

Las farmacéuticas tienen 311 compuestos en I+D para enfermedades autoinmunes

C. G. R./N. B., DiarioMedico.com, 19 de septiembre de 2016

Un informe de la patronal americana PhRMA expone los esfuerzos del sector en este área y recuerda que hay más de 80 patologías autoinmunes, aunque aún hay muchas lagunas.
Medicamentos en desarrollo o a la espera del dictamen regulatorio para autoinmunes. Algunos pueden estar presentes en varias indicaciones. (‘Medicines in development for autoimmune diseases’ (Phrma, 2016))
Las compañías biofarmacéuticas con presencia en Estados Unidos están desarrollando 311 nuevos medicamentos, indicaciones o vacunas destinados al tratamiento de enfermedades autoinmunes.
Según los datos recopilados en un informe por la patronal norteamericana del sector PhRMA en colaboración con la Fundación Americana del Lupus, entre los 311 compuestos en investigación hay 76 para artritis autoinmune, patología que se lleva la palma entre las que más productos tienen en desarrollo en el sector, seguida de la enfermedad inflamatoria intestinal, con 58, y psoriasis, con 48 (ver cuadro).

Gran parte de estos compuestos o indicaciones están en la fase 3 -la más avanzada del proceso de I+D- o a la espera de una decisión regulatoria por parte de la agencia estadounidense FDA. En concreto, 85 de los 311 productos o indicaciones han alcanzado ya alguna de estas etapas, y son 44 las empresas detrás de estos 85 compuestos: 27 con sólo uno avanzado o a la espera de registro, y 17 con dos o más. La estadounidense AbbVie lidera esta clasificación con 7 moléculas.

Biosimilar y biomejor
El listado contiene 22 biosimilares, algunos de ellos en desarrollo para varias indicaciones. Así, la artritis cuenta con 14 productos de esta clase en I+D, 9 la psoriasis, 3 la EII y 3 la diabetes. Junto a estos, hay otras versiones de biológicos comercializados mejorados (denominados en inglés como biobetter), que aspiran a superar los resultados clínicos de los originales. En este terreno destaca la apuesta de la estadounidense Sorrento, con una versión de basiliximab y otra de infliximab que desarrolla junto a la sueca Mabtech.

El informe recuerda que existen más de 80 enfermedades consideradas autoinmunes, aunque todavía queda mucho por conocer sobre estas patologías y su origen.
En cualquier caso, las investigaciones arrojan nuevas pistas que pueden ayudar a aportar enfoques innovadores sobre posibles tratamientos, como el papel de los factores ambientales (alimentos, agentes químicos o traumatismos de los pacientes) o su origen genético. Se sabe que tienden a afectar a miembros de una misma familia, lo que sugiere la influencia de los genes, y que más del 75 por ciento de los pacientes son mujeres. Además, dado que estas patologías comparten lazos genéticos e inmunológicos, no es infrecuente que un paciente sufra dos o más enfermedades de este tipo. Así, los celiacos presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 1 o la enfermedad tiroidea.

I+D innovadora
El informe de la patronal destaca algunos compuestos que representan aproximaciones terapéuticas especialmente novedosas, como los anticuerpos monoclonales que actúan de forma dirigida contra dianas específicas del lupus eritematoso sistémico, la psoriasis o la enfermedad de Sjögren.

Entre los 311 compuestos en desarrollo, hay 85 que ya han alcanzado la fase 3 de ensayos clínicos o están a la espera de una decisión regulatoria
En concreto, el trabajo recoge la innovación que representa un anticuerpo monoclonal en I+D para el tratamiento del lupus que inhibe la actividad de una proteína que se cree que juega un papel clave en el desarrollo de la enfermedad.

Otra línea innovadora de investigación es la que representan en psoriasis varios anticuerpos monoclonales que se dirigen específicamente y neutralizan un gen receptor que parece clave en los procesos inflamatorios autoinmunes relacionados con varias patologías crónicas con este origen, incluida la psoriasis.

Otro anticuerpo monoclonal en desarrollo para el síndrome de Sjögren se liga a una proteína para evitar su interacción con las cédulas T activadas. Se cree que la interrupción de esta interacción entre la proteína y el estimulador impide el aumento de las respuestas inmunes de las células asociadas a enfermedades autoinmunes como la de Sjögren.

También subraya los avances en esclerosis múltiple, para la cual hace sólo diez años los tratamientos se limitaban a un puñado de medicamentos inyectables o en infusión con importantes efectos secundarios y síntomas dolorosos en el lugar de la inyección. En la actualidad, hay un abanico más amplio de tratamientos, con menos efectos adversos y que incluye opciones orales, que reducen las recaídas, previenen la progresión de la enfermedad y han supuesto una mejora en la calidad de vida.

En artritis reumatoide, el desarrollo de biológicos, que se dirigen a diferentes dianas implicadas en la inflamación y discapacidad, ha logrado mejorar la funcionalidad física de los pacientes y prevenir el daño articular irreversible, haciendo posible la remisión de la enfermedad.

Original en: http://bit.ly/2cRevm9

lunes, 19 de septiembre de 2016

Informe del Panel de alto Nivel de la ONU: duras críticas contra las BIG PHARMA


















Pharmabaires, 19 de septiembre, 2016

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Lapidarias conclusiones contra las multinacionales farmacéuticas por abusar de los derechos de propiedad intelectual y entablar demandas contra los gobiernos que aplican las flexibilidades del Acuerdo Trips, contiene el informe de 70 páginas del Panel de Alto Nivel para el Acceso a los Medicamentos creado por el secretario general de la ONU, Ban ki-moon, a cuya copia Pharmabaires accedió antes que sea leído en la próxima Asamblea General del organismo.

El informe ratifica las flexibilidades concedidas por el Acuerdo Trips de la OMC y defiende el derecho de los países a recurrir a licencias obligatorias, importaciones paralelas y recomienda que se eleven los criterios de patentabilidad para evitar que las patentes se conviertan en un monopolio de mercado.
En sintonía con esta recomendación, el Panel de la ONU recomienda “adoptar medidas para prevenir las prácticas anti-competitivas”.


El informe critica el Acuerdo TPP Transpacífico por imponer el Trips-Plus a los países firmantes y se explaye con dureza contra las demandas judiciales que las multinacionales han entablado contra algunos países en desarrollo para trabar la importación de genéricos o las licencias obligatorias.

 
En tal sentido, se recuerda la presión de Pharma de Estados Unidos contra Colombia por declarar de “interés público” el medicamento Imatinib contra la leucemia y las demandas que Merck y Abbott  entablaron contra Tailandia entre 2006 y 2007 cuando el país asiático quiso utilizar las flexibilidades del Acuerdo Trips para importar y fabricar versiones genéricas de medicamentos contra el Sida.
El informe del  Panel de Naciones Unidas contiene una clara recomendación de aplicar criterios estrictos de patentabilidad y solicita a la industria farmacéutica internacional que desista de sus acciones judiciales contra el uso de las flexibilidades.
El Panel, compuesto por quince personalidades independientes, entre ellas el argentino Carlos Correa, comenzó a trabajar en noviembre pasado, realizó dos audiencias públicas en Londres y Johannesburgo y entre las decenas de consultas, los autores del informe citan a la OMS, la OMC, la UNCTAD,  la Unicef y la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual.
El informe menciona que en los últimos años han aparecido “revolucionarios tratamientos contra el cáncer” pero que son “financieramente insostenibles” y cita como ejemplo que la FDA de Estados Unidos en 2012 aprobó 12 nuevos medicamentos oncológicos, de los cuales once ingresaron al mercado a un costo de  100 mil dólares anuales.
El costo de los tratamientos contra el cáncer en Estados Unidos se han incrementado de 5.000 a 10.000 dólares mensuales promedio en los últimos años y el sofosbuvir contra la hepatitis tiene un costo de 48 mil a 96 mil euros.
El informe recomienda que los Estados adopten nuevas políticas públicas que “remedien las políticas incoherentes entre los justificables derechos del inventor y los internacionales derechos humanos”.
Esas políticas de Estado deberán “regular las nuevas tecnologías que impiden el acceso a millones de personas” que requieren de medicamentos contra el sida, la malaria, la hepatitis y enfermedades raras.
El informe recuerda que el Panel de Alto Nivel fue convocado por Ban Ki-moon luego de que 193 miembros de la ONU adoptaron en la Asamblea General de septiembre del año pasado la Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030.


El informe completo es el siguiente: http://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/57d9c6ebf5e231b2f02cd3d4/1473890031320/UNSG+HLP+Report+FINAL+12+Sept+2016.pdf

original en 
http://www.pharmabaires.com/index.php/features/typography/677-panel-de-la-onu-presenta-duras-criticas-contra-las-big-pharma
original en 

viernes, 16 de septiembre de 2016

La ONU pide acuerdos globales para coordinar, financiar y desarrollar tecnologías de la salud


Carlos B. Rodríguez, ElGlobal.net, 15 septiembre, 2016

 
El panel de expertos sobre la mejora de acceso a medicamentos solicitan un código de principios para la I+D biomédica

El panel de expertos de la ONU ha pedido enfoques novedosos en materia de innovación


Después de diez meses de trabajo, el Panel de Alto Nivel convocado por el secretario general de las Naciones Unidas sobre la mejora del acceso a los medicamentos ha publicado sus conclusiones. El informe insta a los gobiernos a negociar acuerdos globales sobre la coordinación, la financiación y el desarrollo de tecnologías de la salud que complementen los modelos de innovación existentes, incluida una Convención obligatoria sobre investigación y desarrollo que desvincule los costos de I+D de los precios finales.

El informe del Panel, formado a finales de 2015, señala que el costo de las tecnologías de la salud es una pesada carga tanto para los países pobres como para los países ricos y concluye que, por lo tanto, el mundo debe asumir enfoques “novedosos y audaces” con respecto a la innovación en tecnología de la salud y reconocer la importancia de garantizar el acceso.

Los expertos lanzan dos recomendaciones generales. En primer lugar sugieren a los gobiernos que formen un grupo de trabajo para empezar a negociar un Código de Principios para Investigación y Desarrollo en Biomedicina y que presenten informes anuales sobre su progreso en la negociación e implementación de dicho Código en preparación para la negociación de los términos de la Convención. En segundo lugar, piden a la Asamblea General de la ONU que convoque, a más tardar en 2018, una Sesión Especial sobre innovación y acceso a la tecnología de la salud para acordar estrategias y un marco de rendición de cuentas que acelere los esfuerzos para promover la innovación y garantizar el acceso, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

http://bit.ly/2dgRqsW

Argentina otorgará patentes a empresas extranjeras violando la ley

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Observatorio Sudamericano de Patentes, 15 de septiembre de 2016


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Agencia de Patentes.- En una reunión entre la asociación argentina de agentes de la propiedad industrial (AAAPI) -que reune a estudios de abogados de grandes empresas internacionales- y el Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Pardo,  se reveló  que en breve sería emitida una Resolución denominada “PPH local” por medio de la cual los solicitantes (empresas transnacionalea) podrán voluntariamente acelerar la concesión de sus solicitudes de patente adaptando el pliego reivindicatorio a una solicitud equivalente extranjera concedida.

La mencionada resolución permitiría de manera ilegal que la concesión de una solicitud de patente ocurra en un plazo breve luego de la presentación del pedido correspondiente a través de la utilización de un formulario estándar que sería provisto por el propio INPI. Para ello se estarían adaptando los procesos en las secciones correspondientes de la Administración Nacional de Patentes.


La medida provocará la concesión de patentes medicinales y biotecnológicas otorgando derechos exclusivos de explotación a empresas extranjeras de medicamentos y alimentos en perjuicio del mercado nacional y contra el acceso  a estos productos a precios asequibles.
Esta resolución sería inconstitucional según informaron especialistas en propiedad industrial no asociados a la AAAPI, quienes consideraron que una resoluciónsimilar fue implementada en el pasado y debió ser revocada por orden de la justicia argentina.
El presidente del INPI, quien asumió hace poco tiempo luego de actuar como agente de la propiedad industrial ante el propio INPI, esta siendo investigado por incompatibilidad en sus funciones.

Finalmente, las autoridades del INPI comunicaron a los agentes de propiedad industrial  que también se estaría firmando un acuerdo PPH con los Oficinas de Patentes de los países del PROSUR mientras que se haría lo propio con otras Oficinas extranjeras más adelante.


Contexto

(Cronista).- El cambio de Gobierno y las intenciones de retomar las "relaciones carnales" con Estados Unidos motivaron a los agentes de propiedad intelectual a comenzar un fuerte lobby ante las nuevas autoridades contra las regulaciones argentinas del sistema de patentes. Tanto es así que la entidad que los nuclea envió una nota al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y mantuvo una reunión con funcionarios de su área para pedir cambios en la normativa, lo que generó una fuerte preocupación de la industria farmacéutica argentina.
"Nos dirigimos a usted en representación de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (Aaapi) para llamar su atención sobre la grave situación en la que se encuentra la administración del sistema de patentes en nuestro país", comienza la nota enviada por la entidad a Cabrera, el 13 de enero. 

Los agentes son los encargados de tramitar los pedidos de patentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y cuestionan una serie de normas instrumentadas por este organismo para evitar que los grandes monopolios mundiales farmacéuticos extiendan sus patentes más allá de los 20 años autorizados. Concretamente para esta industria, los agentes pidieron la derogación de una resolución conjunta de las carteras de Salud, Producción y el INPI del 2012, que estableció lineamientos (guías) a los que se tiene que ajustar el INPI cuando analiza el pedido de una patente. "Las guías se aplicaron para evitar las patentes truchas, como por ejemplo, los segundos usos de las drogas, o diferentes formas farmacéuticas por las cuales los laboratorios líderes del mundo pedían nuevamente la patente", enfatizó un empresario de la industria local.
La Ley Argentina de Patentes, del 1995, adoptó las bases dispuestas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio de la OMC, firmado el año anterior en la ronda de Uruguay. A partir de este convenio multilateral, que estableció el plazo de 20 años para las patentes, luego cada país es soberano en determinar qué es nuevo, qué tiene altura inventiva y qué tiene aplicabilidad industrial, tres requisitos para obtener las licencias. Pero hasta 2012, la normativa era ambigua, por lo que los laboratorios nacionales debían recurrir a la Justicia para pelear cada una de estas "patentes truchas", como le llama la industria. 

A partir de la carta enviada a Cabrera, y frente al temor de que la visita del presidente norteamericano Barack Obama y los intentos por recomponer el vínculo con Estados Unidos –político y comercial– derive en concesiones del Gobierno en ese área, los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa) encendieron la luz amarilla. El director ejecutivo de la entidad, Alfredo Chiaradía, junto al presidente de Cilfa, Isaias Drajer, de laboratorios Elea, se reunieron semanas atrás con Cabrera y le transmitieron su preocupación, según contó el empresario farmacéutico, Rubén Abete, en un reunión del comité ejecutivo de la UIA. "Se quiere advertir que en el marco de las buenas relaciones puede estar escondido un pedido de extender monopolios", enfatizó un empresario del sector.

La carta de la Aaapi también hace referencia a que el contenido de la norma es "ilegal y abiertamente inconstitucional" y que "son numerosas las empresas que han visto cercenados sus derechos" y que decidieron posponer inversiones en la Argentina a la espera de que se cumpla con las normas del acuerdo ADPIC. "Otras directamente han decidido dirigir sus inversiones a países vecinos (...) Todo ello se reflejó en una constante reducción de las solicitudes de patente en la Argentina", agrega la misiva de la entidad.

Cambio de Presidente del INPI

(Eldestapeweb).- El Gobierno nacional realizó una nueva polémica designación. Ahora, nombró a un socio de José Martínez de Hoz (h) en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, un organismo descentralizado del Ministerio de la Producción, que conduce Francisco "Pancho" Cabrera.

El abogado Dámaso Pardo fue nombrado como presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Pardo es parte del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Artnsen y Martínez de Hoz (h), conocido por sus siglas PAGBAM, y desde allí comanda el área especializada en propiedad intelectual.

Ahora, ese estudio tradicional, que incluye entre otros al hijo del periodista Mariano Grondona, desembarca en el Estado en el área encargada del patentamiento de productos industriales. Al igual que en el caso de Aranguren, la designación quiebra lanzas con la ley de Ética Pública, ya que un funcionario tiene prohibido "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".

Es decir: Pardo pasa de asesorar a sus clientes en casos sobre propiedad industrial a dirigir el organismo que regula directamente esa área. La ley obliga al flamante funcionario a "renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo" o "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES ( 3 ) años o tenga participación societaria".

El dato fue difundido por el Observatorio Sudamericano de Patentes. Desde el INPI confirmaron la designación de Pardo, cuyo nombramiento no fue publicado aun en el Boletín Oficial, aunque remarcaron que Martínez de Hoz (h) "no es ni será" funcionario del organismo.