viernes, 17 de marzo de 2017

Trivenz® (Richmond) , el primer genérico en Argentina con la asociación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F.

PMFarma, 17 de marzo de 2017
Nuevo genérico de Richmond para VIH con desarrollo argentino exclusivo
Laboratorios Richmond ha anunciado el lanzamiento de Trivenz®, el primer genérico en Argentina con la asociación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F.  

 
Los avances de la ciencia nos permiten en la actualidad saber cómo se transmite y previene el VIH y ofrecer tratamientos con medicamentos que inciden significativamente sobre el cuadro clínico de los pacientes, disminuyendo la tasa de mortalidad y morbilidad de la infección.
Los esquemas de tratamiento antirretrovirales son ahora más simples y de fácil administración, menos tóxicos y más tolerables a largo plazo. Así, cuando antes se inicia el tratamiento es mejor para los pacientes. Además, al estar tratados, se reduce en forma importante la transmisión de la enfermedad, es decir, el tratamiento forma parte de la prevención.


Según las guías 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el régimen antirretroviral preferido en primera línea para adultos es el de la combinación de 3 fármacos: Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F.  
Al estar formulados en un solo comprimido,  solo es necesaria una toma por día, lo que aumenta la adherencia al tratamiento y su efectividad. 
Dicho producto ya se encuentra comercializado en Argentina desde hace varios años en su versión original importada bajo la marca Atripla® del laboratorio estadounidense Gilead. 
El mismo se presenta en una forma galénica patentada internacionalmente, donde los componentes están dispuestos en dos capas (comprimido bicapa) para lograr la compatibilidad entre los mismos.
En este marco, Laboratorios Richmond ha anunciado el lanzamiento de Trivenz®, el primer genérico en Argentina con la asociación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F.  A los efectos de no infringir la patente del producto de referencia, el laboratorio argentino ha desarrollado en exclusiva un comprimido monolítico, donde los principios activos están distribuidos de manera uniforme dentro del mismo y aseguran la compatibilidad físico-química y la biodisponibilidad del producto. Esto permite, sin riesgo a separar las capas, una mejor distribución de la dosis en caso de partir el comprimido para facilitar la deglución.


Trivenz® es bioequivalente al producto de referencia de acuerdo al estudio aprobado por ANMAT, según Disposición Nº 0839/17. Además, se presenta en un empaque diferencial al frasco original, un blíster de aluminio que garantiza la estabilidad del producto y permite una mayor comodidad y control en la administración del medicamento. El producto fue desarrollado y es producido en la planta de Richmond ubicada en el Parque Industrial de Pilar con equipos de última tecnología en el ámbito de la biofarmacéutica.

Con el lanzamiento de Trivenz®, Laboratorios Richmond cumple con su premisa fundamental de acercar a los pacientes el primer genérico de un producto antirretroviral reconocido, mejorando sustancialmente el valor del medicamento, lo que se traduce en una mayor accesibilidad al tratamiento del VIH. De esta manera, se colabora en la eficiencia del gasto en medicamentos, tanto público como privado, cooperando con la sostenibilidad del sistema de salud y con el desarrollo del bienestar de la sociedad en su conjunto.
 
 
 

jueves, 16 de marzo de 2017

a propósito del CUS: Salud no es sólo buena atención médica

Raúl Torres. Médico sanitarista. Ex Superintendente de Servicios de Salud
Clarín, 16 de marzo de 2017

En su mensaje del 1° de marzo, el presidente Macri menciono la cobertura universal de salud (CUS), como un logro efectivo de su gobierno. Sin embargo, existe una amplia percepción de que una fuerte retórica, casi vacía de contenido, rodea la CUS más allá de intenciones, expresiones de deseos, a las que todos adherimos y no cuestionamos desde su fundamentación, como nuevo slogan que reemplaza incumplidos postulados, abandonados en reuniones y documentos de consenso etéreos, que pocos leen, y los que firman no esperan cumplir.

Avanzar en la CUS requiere un ministerio con poder, que pueda incidir sobre la realidad de la gente; porque aunque formalmente encarne la máxima autoridad sanitaria, en la práctica tiene poca o nula incidencia sobre dos organismos que gastan mas del doble que el ministerio y tienen en su jurisdicción la salud del 60% de los argentinos: PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La enorme cantidad de recursos que gestionan dan a sus conducciones peso politico y capacidad de negociacion mayor al ministerio. Si se alinearan con programas y políticas concertadas en objetivos, estrategias y metodología adecuadas, cabrían esperar evoluciones sustanciales en el sistema. Prueba ello es que cambios y cuestionamientos a la cartera sanitaria no movilizan interés del público ni de los medios, a diferencia de la renuncia de un Ministro de Hacienda, pues se piensa que las decisiones económicas impactan en la vida cotidiana de modo trascendente y se ignora que el uso y resultados del sistema sanitario, la condicionan fuertemente en un país donde 1 de cada 3 personas es pobre.

La política sanitaria requiere equipos con programa explícito y convicción de que la misión es más importante que el protagonismo; conjunción de voluntad política y capacidad que permita integrar recursos y generar acuerdos que sobrevivan más de una administración. Y que el camino a una cobertura universal no se reinvente cada cuatro años.

Hoy nos hemos quedado sin voz, espacios políticos en que a nadie interesa, y debemos salir de este statu quo cristalizador de inequidad, ir por el desafío de liderar un cambio desde el sector, y reasumir el compromiso de disminuir progresivamente desigualdades recuperando efectores públicos de excelencia, con un nivel de accesibilidad y calidad igualador, con acreditación, que desarrolle técnicas, investigaciones y forme recursos humanos.

Elaborar un plan de gestión consensuado, y no un plan de obras, como si el problema fueran ascensores que no funcionan, ni funcionarán en nuevos edificios si no se resuelven otros aspectos del sistema. Los indicadores muestran de manera indiscutible una indigna inequidad en la salud de los argentinos. El sistema federal, centralista en materia fiscal, impulsa discusiones de distribución económica pero no de las evidentes inequidades jurisdiccionales de servicios sanitarios cuya “independencia” sostiene como orgulloso logro.

Hablar de salud por la disputa de dos entidades privadas que cubren a 10% de la poblacion, o al aumentar la cuota de prepagas, por el deterioro edilicio del hospital público, o el descubrimiento de una nueva droga de evidencia aún dudosa, muestra que estamos superados por un sistema atravesado por intereses poderosos, sin equivalencia con la conviccion ética y de justicia social.

Pelea sin equilibrio, entre un poder económico que da una discusión de la actualidad basada en el suceso, la evidencia científica sesgada, la exaltación de la medicalización, alejada de la del bienestar general, y no puede ser librada sin compromiso y conciencia de que la política de salud debe ser solidaria, redistributiva y contribuir al desarrollo nacional. Hay que exponer a la conciencia de la sociedad esta problemática, y proponer un sistema de salud que no sea solamente visto como una institución que proporciona intervenciones biomédicas sino también que promueva un conjunto de bienes sociales que contribuyan al bienestar general, acabe con el hambre, proporcione servicios de agua potable, cloacas, eliminación de basura y calidad de vivienda, protección del medio ambiente y garantice igualdad de género.

Buena salud no es sólo atención médica sino mejorar acceso equitativo a servicios de calidad, innovar en redes de atención inicial de calidad y resolutiva, corredores que preserven emergencias de vida, atención especializada de corta estadia, prestadores de cuidados de transición, a la Tercera Edad, adicciones, salud mental, y cobertura universal de medicamentos ambulatorios.
Una mirada más cercana a las inquietudes de los postergados, pensando en, con y por ellos, sin conflictos de intereses o posturas partidarias, superará diagnósticos para dejar paso a la acción y concreción. La inequidad repercute en la salud toda la vida y es indispensable poner salud en todas las políticas, como cuestión de justicia social, con acciones universales, de intensidad proporcional al nivel de desventaja.
Reincorporar la idea de justicia social porque ésta no tiene eco en un sistema de maximización de ganancias, cuyo principal argumento son hoteles de lujo que dan servicios de salud, farmacia en cada esquina, médico a domicilio, implantes importados, medicamentos por marca, con despilfarro y demagogia social y promueve una desigualdad que jerarquiza a quienes tienen capacidad de pago, y posterga a los que no tienen “cobertura formal”. Para generar una sociedad más justa debemos crear una sociedad más sana.

martes, 14 de marzo de 2017

Argentina: Oficina de Estados Unidos USPTO "capacita" a oficina nacional de marcas y patentes INPI

Observatorio sudamericano de patentes, 13 de marzo de 2017



Abogado John Rodriguez, funcionario de la USPTO capacitando en el INPI de Argentina.
El presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Pardo, estableció un convenio bilateral de patentes y de marcas con la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, siglas en inglés) para adaptar los estándares de la oficina del país del Norte a la institución argentina y permitir el patentamiento y el registro de signos distintivos a empresas de ese país .


El convenio con el organismo de los Estados Unidos forma parte de las nuevas políticas de la oficina argentina INPI en favor de empresas de EEUU que presentan Marcas y que tienen solicitudes de Patentes en el INPI. Las empresas reclaman por los prolongados tiempos de los trámites y la dificultad para obtener patentes de productos medicinales y biotecnológicos.

El convenio incluye actividades de formación tanto en patentes como en marcas y tiene por objetivo capacitar a los examinadores argentinos sobre las mejores prácticas de tratamiento de solicitudes de registro de EEUU. De esta forma la USPTO se asegura que los empleados y técnicos argentinos sigan los procesos de concesión de marcas y patentes de acuerdo a los parámetros establecidos en los Estados Unidos.

Dámaso Pardo, un abogado especialista en propiedad industrial y socio de José Alfredo Martínez de Hoz (h) en el estudio PAGBAM hasta días antes de asumir su cargo, tenía tramitadas más de 2000 marcas y más de 200 patentes ante el propio INPI. El director de la Administración Nacional de Marcas trabajó con Pardo en PAGBAM y tiene a su cargo la resolución de sus propias solicitudes de Marcas.
Pardo se ha visto en controversias con las empresas farmacéuticos nacionales opuestas al patentamiento de medicamentos en Argentina y el acuerdo firmado con la USPTO lo coloca nuevamente en el ojo de la tormenta.
El presidente del INPI  implementó el acuerdo internacional de forma secreta y sin publicarlo en el boletín oficial de Argentina como hiciera con las resoluciones internas sobre patentes 56 y 125.

La capacitación USA comenzó los días 16 y 17 de febrero, en el propio INPI, con un Taller de Examen de Marcas (Trademark Examination Workshop) llevado a cabo por dos funcionarios del gobierno de EEUU, Laura Hammel y John Rodriguez, este último responsable de la cooperación internacional de la USPTO para América Latina y El Caribe.
En próximas semanas se espera que la oficina de EEUU capacite también a los examinadores de patentes en materia de PPH,:el procedimiento rápido de concesión de patentes. 
   Resultado de imagen para laura hammel
Laura Hammel
IP Attaché for Mercosur, Guianas, and Suriname
U.S. Consulate General - Rio de Janeiro, Brazil United States Patent and Trademark Office
Email: laura.hammel@trade.gov


John Rodriguez
Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs
United States Patent and Trademark Office
Email: john.rodriguez@uspto.gov 
 
 
 

lunes, 13 de marzo de 2017

Argentina: acuerdo con EEUU por patentes es discriminatorio para nacionales

Pharmabaires 13 de marzo de 2017 

 El reciente acuerdo sobre patentes que firmó el INPI de Argentina con su similar de Estados Unidos es discriminatorio para la industria nacional y constituye una plataforma para presionar a los examinadores locales, sostuvo Carlos Correa, uno de los mayores expertos en propiedad intelectual del mundo.
 
Correa,  director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico  de la UBA y asesor de Naciones Unidas y OMS, entre otros organismos internacionales, sostuvo que el reciente acuerdo bilateral  que introduce en el país el procedimiento de Patent Prosecution Highway (PPH) “discrimina contra los solicitantes nacionales de patentes, en tanto brinda prioridad en el trámite a solicitantes extranjeros”.
Correa explicó a Pharmabaires que el PPH “proveerá una plataforma para presionar a los examinadores locales para conceder una patente en el país a pesar de que los criterios de patentabilidad de los EEUU y la Argentina son sustancialmente diferente”.
El acuerdo, casi secreto ya que en Argentina aún no fue difundido oficialmente, fue firmado en febrero pasado  entre el  titular del INPI, Dámaso Pardo, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).
Además el INPI a partir de este acuerdo “deberá otorgar prioridad en el trámite (de un patente) aún antes de que se haya concedido la patente por la USPTO o que haya concluido un procedimiento de oposición (conforme a la ley de EEUU)”, alertó Correa,  integrante del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos que conformó el ex secretario general Ban Ki-moon.
Correa también subrayó que el acuerdo “altera el procedimiento de las solicitudes sin una debida modificación de la reglamentación y sin que el INPI tenga competencia para suscribir un acuerdo internacional (aunque sea una experiencia ‘piloto’”.
   El acuerdo  durante los próximos tres años habilitará en Argentina la aplicación del Patent Prosecution Highway (PPH),  del que se sabe poco, salvo que es una vía acelerada para obtener patentes de cualquier tipo y sin someterse a exámenes rigurosos.
El acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica sino también a otros sectores industriales y por eso disparó también el alerta de la Unión Industrial Argentina (UIA)que ha comenzado a analizar sus secuelas y como primera medida ha solicitado una copia oficial del acuerdo al INPI.
Pero esa copia oficial por lo menos hasta la semana pasada era inexistente para los industriales y en la web del INPI la solapa “novedades”, permanece vacía.
“Nosotros nos enteramos de esta acuerdo por la página de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO)  ya que el INPI no brindó ninguna información”, informó  Rubén Abete, secretario general de ALIFAR la semana pasada a Pharmabaires.
ALIFAR, la asociación latinoamericana de laboratorios nacionales, tiene previsto analizar este acuerdo bilateral y las implicancias en propiedad intelectual de las  negociaciones UE-Mercosur que se reanudarán el 20 de marzo, durante una minicumbre prevista en Brasilia para los próximos días.
Voceros de los pequeños y medianos laboratorios agrupados en Cooperala también expresaron su “preocupación” por este acuerdo que siembra más confusión a la ya existente desde la emisión 56 y la “correctiva” 125 del INPI.
El INPI ya le había aplicado un duro golpe por la espalda a esos laboratorios nacionales, cuando el año pasado emitió la resolución 56  admitiendo patentes extranjeras y eliminando las Guías de Patentabilidad locales  aunque esa resolución fue parcialmente corregida posteriormente por la 125 de diciembre pasado.
El acuerdo firmado por el INPI de Argentina aparece a contramano de la tendencia regional, donde Colombia declaró de utilidad pública la patente del Glivec de Novartis y Chile aprobó las licencias obligatorias para los medicamentos oncológicos y de alto costo.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó las licencias obligatorias a fines de enero mediante la Resolución  798 por 67 votos afirmativos, cero negativo y 32 abstenciones.
La Resolución 798 incorpora el uso “de oficio” de las licencias obligatorias  “por razones de salud pública”  y para “facilitar la adquisición de medicamentos oncológicos y de alto costo “a precios competitivos por parte “de los servicios públicos como por los servicios de salud privados y la población que lo requiera; y en definitiva garantizar su acceso”.
A su vez Phrma de Estados Unidos, que está nerviosa por las habituales declaraciones del presidente Donald Trump por el precio de los medicamentos, ha solicitado sanciones contra  Colombia por “incumplir compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC)” entre ambos países.
Phrma señaló a Colombia  por supuesta “debilidad” a la hora de defender las patentes de los medicamentos” y por el uso de la figura de “declaración de interés público” para forzar un descuento del precio del medicamento Glivec de Novartis que, aun siendo un laboratorio suizo, consiguió que Estados Unidos –incluso durante los últimos meses de la gestión de Barack Obama- se “preocupara” por esa presunta “debilidad” de Colombia en respetar las patentes.
El INPI también aparece a contramano del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que recientemente instó a considerar las recomendaciones del informe del grupo de Alto Nivel sobre acceso a los medicamentos, informó Correa.

Informe del Panel de alto Nivel http://goo.gl/NhZWjv 
noticia original http://bit.ly/2mQWY1Z
 

miércoles, 22 de febrero de 2017

Cierre del Plan Remediar: ante la lluvia de críticas, el gobierno promete “un programa similar”


Observatorio de Salud UBA, 22 de febrero de 2017

A través del ministro de Salud de Santa Fe, se habló de un nuevo plan, que comenzará a implementarse este año y en 2018 se terminará de reconfigurar. Ratifican que este cambio se hará a través de la Cobertura Universal de Salud. En tanto, desde la Comisión de Salud de la cámara de Diputados mostró su preocupación por el cierre de este y otros programas nacionales. 

La lluvia de críticas que generó la confirmación de que se cerrará el Plan remediar obligó al gobierno nacional a salir a dar una respuesta, en especial para salvar la idea de que el programa de distribución de medicamentos dejará sin atención a miles de personas. Los dichos de los referentes de los laboratorios públicos o los del ex ministro Daniel Gollán marcaron los puntos altos de esta crítica, por eso en estas horas se comenzó a hablar de un “plan similar”, que supla al ahora suspendido. El mismo será centralizado por la Cobertura Universal de Salud (CUS), el plan más ambicioso de la gestión de Jorge Lemus, que en estas horas suma más provincias a su red de atención.

El cierre del Remediar no será tal, afirman en el Ministerio de Salud nacional, ya que se pondrá en marcha “un plan similar”. Salud utilizó al ministro de Salud de Santa Fe Miguel González para hacer el adelanto, que incluye mantener el abastecimiento a efectores de salud de remedios a bajo costo producidos por laboratorios públicos. Esa es la principal preocupación de las plantas públicas, que en muchos casos tienen la mayoría de su producción comprometida con este plan, ahora cerrado.

“El plan Remediar venía con un financiamiento internacional. Si bien en el 2015 el financiamiento internacional culminó las nuevas autoridhttp://observatoriodelasalud.blogspot.com.ar/2017/02/cierre-del-plan-remediar-ante-la-lluvia.htmlades decidieron continuar con el plan tal cual estaba configurado, con presupuesto nacional. La verdad es que hubo muchas dificultades porque las compras no fueron sostenidas”, admitió González, en declaraciones radiales. Sobre el nuevo plan, el funcionario dijo que esta semana “Nación tomó el compromiso de implementar un nuevo plan con un formato parecido. Esta es la promesa por el 2017. Para el 2018 aseguran que van a reconfigurar el plan”.

El flamante programa, según se supo, será pare de la CUS, de la que ya se adhirieron más de la mitad de las provincias. La última fue Tierra del Fuego, cuando su ministro de Salud Marcos Colman firmó el convenio marco de adhesión para la efectiva puesta en funcionamiento de la cobertura. "Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro objetivo de incorporar a un total de 14 millones de personas que no tienen una obra social formal, medicina prepaga ni son afiliados del PAMI", sostuvo Lemus respecto de la que es una de las políticas sustantivas del Ministerio de Salud de la Nación.

Por su parte, Colman aseguró que "en Tierra del Fuego hay un 22 por ciento de la población que no tiene cobertura formal. Con esta firma nos incluimos en el grupo de provincias que ya están trabajando para que esta cobertura de salud optimice y haga más eficientes todos los programas de salud que actualmente existen. La mejora en la accesibilidad de los pacientes es muy bienvenida". Las otras provincias que ya suscribieron a esta estrategia sanitaria son Mendoza, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Jujuy, San Juan, Río Negro, Tucumán, Chaco, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero.

Pese al anuncio del gobierno, las críticas sobre la decisión del Remediar siguen llegando. La titular de la Comisión de Salud de la cámara de Diputados Carolina Gaillard (FPV-Entre Ríos) manifestó su “preocupación” por la continuidad del programa y el Incluir Salud, otro plan que podría dejar de funcionar en breve. “los medicamentos que faltan, en muchos casos, son de vital importancia para la vida de los pacientes que los necesitan, y de no acceder a los mismos discontinuarán sus tratamientos poniendo en riesgo su vida”, sostuvo la legisladora.

“La Salud es un derecho, no un negocio y el Estado debe garantizar su acceso. Es un tema de vida o muerte. Los pacientes y sus familias necesitan respuestas y de funcionarios eficientes. Los errores, en este caso, matan”, advirtió. Por último, Gaillard resaltó la importancia del trabajo de los laboratorios públicos y ratificó su “defensa de la producción pública de medicamentos, que no quede limitada a la producción de medicamentos huérfanos (tuberculosis, lupus, etc). El Estado debe producir todos los medicamentos”, enfatizó.


Original en http://observatoriodelasalud.blogspot.com.ar/2017/02/cierre-del-plan-remediar-ante-la-lluvia.html

martes, 21 de febrero de 2017

Remedios por las nubes: El INPI puentea al Congreso y le da vía libre a las patentes farmacológicas norteamericanas


ver Argentina firma convenio de patentes con Estados Unidos
 
e idas y vueltas previas  en  
http://medicamentos-comunidad.blogspot.com.ar/search/label/INPI
 
 
Mariana Escalada; Agustin Roncon, El disenso,  
 
 
 
En esta nueva investigación de El Disenso, te mostramos como a través de un acuerdo bilateral que no requiere aprobación del Congreso, el INPI hace inaplicable nuestra Ley de Patentes frente a las patentes de las corporaciones norteamericanas, lo que disparará al cielo el precio de los medicamentos. El director del INPI que firmó este acuerdo es Damaso Pardo, quien antes de ser funcionario defendía firmas extranjeras en temas de propiedad intelectual desde el estudio PAGBAM junto a José Alfredo Martinez de Hoz (h) y Jorge Perez Alati, quienes están entre los principales aportantes de la Fundación SUMA y de la campaña presidencial de Mauricio Macri.

El problema de las patentes farmacológicas en Argentina

En 1500 fueron espejitos por oro. En 1876 fue la “ley de Aduana” que significó una victoria librecambista consolidando definitivamente el modelo agroexportador. Hoy se da la misma discusión, pero ya no se trata espejitos ni productos industrializados, sino de patentes recauchutadas de productos farmacéuticos. En este informe de El Disenso, te contamos como el gobierno se saca de encima la Ley de Patentes de Invenciones y abre nuestro país a todas las patentes norteamericanas como gesto de confianza para ganar la simpatía de un Donald Trump que todavía nos tiene en jaque con el tema de los limones.

Las patentes se sacan sobre cualquier invento o diseño novedoso dentro del estado de la técnica, y aplicable industrialmente, y premian y fomentan la inventiva otorgándole al creador derechos sobre su idea. En la industria farmacéutica esto tiene un correlato menos idílico, los grandes laboratorios multinacionales se hacen con las patentes de los inventores, las acaparan, y se valen de ellas para imponer precios abusivos a los consumidores de medicamentos. En Argentina las patentes son otorgadas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) a través de la Administración Nacional de Patentes.

La Ley de Patentes Argentina data de 1996, y regula los requerimientos que debe observar el INPI, para otorgar derechos de invención. A poco de promulgada, USPTO, el ente que regula las patentes en Estados Unidos, puso a nuestro país en la “Special 301 Priority Watch List” una lista negra de países que no ofrecen “cooperación suficiente” en el tema de las patentes. Para promover la cooperación, la diplomacia norteamericana se vale de denuncias por violaciones de patentes que el Departamento de Comercio de EEUU presenta ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), o remociones de preferencias arancelarios y rupturas de acuerdos comerciales, como pasó hace unos días con el tema de los limones. Según cables de Wikileaks, desde que nuestro país entró en aquella lista negra de vigilancia y control, cada embajador estadounidense en Buenos Aires elevó un informe anual al departamento de estado sobre la situación de la propiedad intelectual en Argentina, siendo las principales problemáticas los derechos sobre software y medicamentos.

El sector donde más pesa la problemática de las patentes es la industria farmacéutica, y a poco de promulgarse la ley de patentes de invención, la farmacéutica francesa SCRAS trabó un litigio contra el INPI porque la autoridad de contralor le había rechazado una patente porque, dentro de nuestro marco legal, no la consideraba novedosa. Esta controversia se resolvió en 2012 en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a favor del INPI. Pero el conflicto más importante se planteó en la controversia del antirretroviral “didanosina”, medicamente para el HIV que producía localmente Richmond. Bristol-Myers Squibb (BMS) le puso una cautelar a Richmond, que producía la Didanosina para el programa de VIH-SIDA del Gobierno Argentino. La cautelar fue apelada por el Ministerio de Salud, porque los derechos corporativos atentaban contra la salud pública. Sobre estos temas, Ginéz González, ex ministro de salud sostuvo que las patentes medicinales “generan monopolios y ponen en riesgo el acceso a los medicamentos”. En 2013 BMS volvió a la carga, esta vez el producto era un triple antirretroviral llamado ATRIPLA.
Alex Freyre, presidente de la Fundación GEP, sostuvo en aquel momento: “Las patentes farmacéuticas retrasan la entrada de medicamentos genéricos al mercado, impiden la competencia de precios y ponen grandes desafíos para el acceso a la salud de la población”.
La estrategia de hacer pequeñas modificaciones y mezclas de componentes para repatentar cosas que ya existen es conocida como “Evergreening” y consiste en hacer pequeñas mezclas y remezclas o cambios accesorios de composición para hacer pasar por novedosas cosas que no lo son. La práctica de reverdecer las viejas patentes alcanzó límites obscenos, por lo que en 2012 se establecieran reforzadas “Pautas para el examen de patentabilidad”.

El Disenso
Un informe presentado ese año en el Congreso por los diputados Ciciliani, Duclos y Barletta para clausurar la extensión artifical de las patentes, determinaba que solo 5 de las 186 patentes otorgadas el año anterior correspondían a productos novedosos y el 94,6% de los mismos pertenecía a propietarios extranjeros como consta en los fundamentos del proyecto. Conservando el monopolio de las patentes, la corporación farmacéutica se garantiza de establecer unilateralmente los precios que los enfermos pagan por sus medicamentos. Con aparente paradoja los tratados que fomentan el marco normativo que necesitan estos monopolios se llaman “de libre comercio”, es que en el mundo de hoy ya no se comercian los bienes, sino también los derechos intelectuales para producirlos.

Con altibajos, la ley de patentes ha resistido por 20 años los intereses corporativos que se repiten también a nivel internacional donde las cuestiones de fondo se discuten en el OMPI, foro de la ONU ocupada de la problemática de la propiedad intelectual, donde entidades como ALIFAR, que nuclea a las industrias famacéuticas latinoamericanas, han planteado su oposición a las rígidas imposiciones de derechos de propiedad que EEUU pretende imponer a través de la OMC. La importancia de la cuestión patentes ha sido también eje central de los fallidos ALCA y el TTP.

Otro lobo cuidando el gallinero

Pero todo cambió cuando Macri designó al frente del INPI al Dr. Dámaso Pardo, se trata de un abogado proveniente del estudio jurídico PAGBAM, generoso donante de la fantasmagórica fundación SUMA que aportó también $934.000 a la campaña del PRO. En el estudio sus asociados eran José Alfredo Martinez de Hoz (h) y Jorge Perez Alati, que a título propio le puso $1.730.000 a la candidatura de Mauricio. En el estudio, Pardo era el experto en cuestiones de propiedad intelectual, prestaba asesoramiento en ese campo y era litigante contra el Estado Nacional en cuestiones de marcas y patentes. Su nombramiento es, como tantos otros, muy cuestionable a la luz de legislación sobre ética pública, pero la Oficina Anticorrupción no ha iniciado hasta hoy ninguna actuación para analizar si pueden existir conflictos de intereses en el nombramiento de este funcionario que, como suele decirse, atiende de los dos lados del mostrador.

El 12 de septiembre de 2016 el cuestionado director del INPI emitió una “resolución de examen de patentes” 56/16 que aceleraba el proceso de concesión de patentes, saltando por vía administrativa los obstáculos legales que en otras épocas habían encontrado corporaciones como las arriba mencionadas STRAS y BMS y poniendo en alerta a los pacientes que utilizan medicamentos de alto costo para enfermedades como el HIV o la hepatitis C. Dice textualmente el primer artículo de la resolución:

“Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el art. 4 de la Ley 24.481 (t.o. en 1996) y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo la vigencia de la Ley 24.481 (t.o. en 1996), cuando se acredite que la prioridad invocada en los términos del art. 4.A.1 del Convenio de París ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan dichas oficinas realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad aplicados por la República Argentina”.

En respuesta a la resolución 56, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos argentinos (CILSA), que forma parte de ALIFAR y fue premiada por Médicos Sin Fronteras por su propuesta de establecer un sistema de licencias automáticas para patentes de medicamentos en países en desarrollo, presentó una solicitud de aclaratoria. Según CILFA, la resolución administrativa impedía la aplicación de la Ley de Patentes de Invención anulando la realización de exámenes de fondo a las solicitudes de patentes extranjeras. Como consecuencia Pardo reculó y, mediante la resolución 125/16 aclaró que la resolución anterior no exime a la Administración Nacional de Patentes de realizar el examen de fondo sobre los requerimientos de patentes.

Una autopista para introducir patentes farmacológicas

A pesar del traspié, Pardo volvió a la carga y el pasado 13 de febrero de 2017 firmó, junto a Michelle K. Lee, directora de USPTO, un acuerdo bilateral titulado Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Program”.
Se trata de un programa piloto que podría entenderse como una autopista para conseguir patentes.
El PPH que somete las relaciones de ambos países a las reglas del “Global/IP5 PPH”, entrará en vigencia el 3 de marzo por un plazo de tres años, pero generará derechos adquiridos para todas las patentes otorgadas durante ese lapso. El acuerdo, por su naturaleza “piloto”, no requiere aprobación del Congreso. Sin embargo, su implementación significa una derogación de hecho de la ley de patentes de invención, o por lo menos de los criterios de aplicación, ya que nos somete a los estándares que Estados Unidos ha propuesto con tanta vehemencia desde los tiempos del ALCA. Es que, según la letra del acuerdo, y con el notable fin de evitar duplicar el trabajo realizando dos exámenes sobre las características inventivas de la misma patente, cada oficina dará trámite abreviado a los proyectos aprobados por la otra.
El Disenso
El Disenso
A través de este simpático gráfico, la pagina de USPTO explica como las patentes norteamericanas no serán controladas por las oficinas de patentes locales.
La resolución 125/16 expresaba el compromiso del Director del INPI en el respeto por la ley de patentes, y aseguraba, a requerimiento de la CILSA, que se seguirían realizando exámenes a fondo sobre los requerimientos de patentes, como venía sucediendo desde 2012. Como suele pasar con funcionarios tan acostumbrados a atender del otro lado del mostrador, y a los doble discursos, Pardo defiende la ley con una firma y la viola con la siguiente.
El Disenso



















Original en 
http://www.eldisenso.com/politica/remedios-por-las-nubes-el-inpi-puentea-al-congreso-y-le-da-via-libre-las-patentes-farmacologicas-norteamericanas/

domingo, 19 de febrero de 2017

Argentina firma convenio de patentes con Estados Unidos

Observatorio Sudamericano de Patentes, 18 de febrero de 2017

idas y vueltas previas  en  http://medicamentos-comunidad.blogspot.com.ar/search/label/INPI


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Convenio fue publicado por Estados unidos.
  
El presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, Dámaso Pardo, selló un acuerdo  bilateral con la oficina de marcas y patentes de los EEUU (USPTO) en lo que configura el alineamiento del organismo argentino a las políticas de propiedad industrial del país del Norte.

 
Pardo, un abogado socio de José Alfredo Martínez de Hoz (h) en el estudio PAGBAM hasta días antes de asumir como presidente del INPI, introduce así a la Argentina a un Programa de concesión de patentes según los estándares promovidos por los Estados Unidos y sus empresas.
El Programa PPH, develado por la directora de la USPTO, Michelle Lee, incluye la aceptación recíproca de resultados de patentamiento de ambas oficinas, como así también los informes de búsquedas de patentes de la oficina estadounidense.
El Convenio bilateral es presentado como "Programa Piloto" para evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos.

A continuación el Documento:

Programa Piloto de Patentes de Prospección (PPH) entre la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina


I. Antecedentes

A partir de julio de 2006, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) se ha asociado con varias otras oficinas en los programas de Patent Prosecution Highway (PPH). La PPH permite que un solicitante que recibe una sentencia positiva en reclamaciones de patentes de una oficina participante para solicitar la resolución acelerada de las solicitudes correspondientes en la otra oficina participante, lo que permite al solicitante obtener una decisión de patentabilidad en la segunda oficina más rápidamente.


Además, la PPH promueve la eficiencia del procesamiento de solicitudes de patente al permitir al examinador en la oficina de examen posterior (OLE) reutilizar los resultados de búsqueda y examen de la oficina de examen anterior (OEE), reduciendo así la carga de trabajo y la duplicación de esfuerzos.
El 6 de enero de 2014, la USPTO comenzó a participar en los programas piloto PPH e IP5 PPH ("Global / IP5 PPH"), que consolidaron y reemplazaron numerosos programas PPH anteriores, simplificando y simplificando el proceso PPH tanto para los solicitantes como Global / IP5 PPH oficinas participantes. Véase Implementación de los Programas Pilotos Globales e IP5 de Patrocinio de Patentes (PPH) con las Oficinas Participantes, 1400 OFF. GAZ. PALMADITA. OFICINA 172 (18 de marzo de 2014).

A raíz de las discusiones entre la USPTO y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina (INPI-Argentina), la USPTO implementará un programa piloto de PPH con el INPI-Argentina. El INPI-Argentina no es actualmente una oficina participante de Global / IP5 PPH y se está asociando con la USPTO en el PPH sobre una base bilateral solamente. Sin embargo, una solicitud de PPH presentada en la USPTO basada en el producto de trabajo INPI-Argentina será tratada bajo los estándares de PPH globales / IP5 publicados como se discute en la Sección III a continuación.


II. Período de Prueba del Programa Piloto de PPH con el INPI-Argentina

El programa piloto de PPH comenzará el 3 de marzo de 2017 y durará un período de tres años que terminará el 2 de marzo de 2020. El período de prueba se puede extender si es necesario para evaluar adecuadamente la viabilidad del programa PPH. Ambas oficinas evaluarán continuamente los resultados del programa piloto de PPH para determinar si y cómo se debe modificar el programa. Las oficinas también pueden terminar el programa piloto de PPH con anticipación si el volumen de participación excede un nivel manejable, o por cualquier otro motivo. El aviso será publicado si el programa piloto de PPH será extendido o terminado. A menos que el INPI-Argentina se convierta en una oficina de PPH Global participante, cualquier extensión o terminación del programa PPH Global / IP5 no tendrá ningún efecto en este programa piloto de PPH.

III. Participación en el Programa Piloto PPH con el INPI-Argentina en la USPTO

Cualquier solicitud para participar en un programa de PPH en la USPTO basado en el producto de trabajo INPI-Argentina está sujeta a los mismos requisitos y procedimientos que recibirán tratamiento equivalente a una solicitud hecha bajo el programa piloto Global / IP5 PPH según lo establecido en El siguiente aviso: Implementación de los Programas Piloto Global e IP5 Patente de Prosecución de Patentes (PPH) con las Oficinas Participantes, 1400 OFF. GAZ. PALMADITA. OFICINA 172 (18 de marzo de 2014).
 Este programa piloto de PPH también estará sujeto a cualquier modificación de los requisitos y procedimientos del programa piloto Global / IP5 PPH. Se puede obtener un formulario de solicitud (Formulario PTO / SB / 20AINPI) en el sitio Web de la USPTO en http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/.
Cualquier pregunta relacionada con este aviso puede dirigirse a Bryan Lin, Administración Internacional de Patentes, al 571-272-3303, o por correo electrónico a bryan.lin@uspto.gov.
Preguntas específicas sobre la Autoridad de Patentes deben dirigirse a la Oficina de Peticiones al 571-272-3282, o por correo electrónico dirigido a PPHfeedback@uspto.gov.

Fecha: 13-02-2017

Michelle K. Lee
Subsecretaria de Comercio para la Propiedad Intelectual y Directora de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos


Documento original:

Patent Prosecution Highway Between USPTO and INPI-Argentina ...

 

Original en https://observadorpatentesur.blogspot.com.ar/2017/02/programa-piloto-de-patentes-de.html