Illia y la ley de medicamentos

Felipe Pigna, Revista Veintitrés ( Argentina ), 8 de octubre de 2016


Noticias de ayer. El rol de los laboratorios.










En épocas de primacía del radicalismo de derecha diluido con los inventores de la pobreza CEO, vale la pena recordar a Arturo Illia. Para sorpresa de todos, con el peronismo proscripto, Illia triunfó en las elecciones de 1963. Así llegaba a la primera magistratura este médico hijo de inmigrantes nacido en Pergamino el 4 de agosto de 1900.


Como médico que era, Illia se ocupó, a poco de asumir, de un tema fundamental para la salud de los argentinos: los medicamentos. El 15 de enero de 1964 envió al Congreso un proyecto de ley, a partir de un estudio sobre unos veinte mil productos medicinales. Impulsado por el ministro de Salud, el salteño Arturo Oñativia, que consideraba que los medicamentos no podían ser tratados como cualquier mercadería porque eran bienes sociales, el trabajo había detectado que muchos de los que se comercializaban en el país no eran lo que decían: algunos ni siquiera contenían la droga que los hacía útiles; otros no la tenían en las proporciones necesarias. El gobierno les dio a los laboratorios un plazo de seis meses para aclarar y corregir la situación, pero las empresas, conscientes de su poder, no se dignaron contestar.

Los arduos debates llevaron seis meses, en los que se hicieron sentir las tremendas presiones de los todopoderosos laboratorios multinacionales, que llenaban de solicitadas los diarios.

Uno de los semanarios que llevó adelante la campaña en defensa de los laboratorios fue Confirmado, que en su número 5, del 4 de junio de 1965, comentaba que “el brote de gripe que ha estallado en los últimos días, permitió comprobar las primeras consecuencias del decreto que reglamenta la ley de medicamentos: […] cierta escasez de productos, especialmente antibióticos, en el momento actual de gran consumo y necesidad”.

Casi un mes después reproducía, bajo el título “Amarga crítica desde Nueva York”, un informe de la revista norteamericana Business International que comenzaba diciendo:

“Un examen realizado en el seno de las firmas americanas que operan en la Argentina revela un sentimiento ampliamente difundido en el sentido de que, a pesar de la prosperidad presente, el gobierno de Illia no terminará el año. […] El gobierno de Illia ha dado algunos pasos, pero pocos llegaron a mejorar, y algunos hasta empeoraron el clima de negocios. La regulación de precios y beneficios en la industria farmacéutica puede, de acuerdo con los portavoces de la industria, determinar el hundimiento de la industria de medicamentos en la Argentina. La reciente devaluación es inadecuada y tardía. La legislación impositiva del gobierno provocó que muchas subsidiarias de firmas extranjeras no remitieran sus dividendos. […] El reino de la inacción ya no tiene posibilidades de subsistir”.

Confirmado seguía la campaña, esta vez amenazando al gobierno:
“Tanto el sector empresario como el sindical, a través de sus dirigentes, insistieron largamente en que si el gobierno persistía en mantener la reglamentación que ha elaborado para le ley de especialidades medicinales, como esta había sido concebida, se produciría un receso con las consecuencias inevitables: cierre de establecimientos, despido de personal. Seguramente las autoridades comenzarán a reflexionar sobre estos problemas cuando la industria farmacéutica comience a contribuir al proceso de creciente desempleo en masa”.

La campaña tuvo su punto culminante en un informe especial titulado “La industria farmacéutica en Argentina. Informe especial número 2”, que literalmente era una apología desembozada del punto de vista empresario. Y maravillosamente, Confirmado combinaba la “libertad de empresa” con la “defensa nacional”:


“Como toda industria, la farmacéutica debe desarrollarse, enseñarse y practicarse sobre bases técnicas. […] Toda reglamentación que conduzca a una planificación en sus investigaciones e inversiones la han de favorecer, pero las sucesivas alteraciones la están transformando en un juego de azar, especialmente cuando tienen origen en sectores no técnicos. Tales medidas inadecuadas pueden incidir en detrimento de nuestra industria, y en el desarrollo de la industria similar brasileña. Los militares argentinos –siempre sensibilizados cuando se trata del Brasil– lógicamente no ven con buenos ojos esta posibilidad.

“Si la industria farmacéutica argentina entra en recesión, y algunos grandes laboratorios se ven obligados a cerrar, es de suponer que la industria brasileña –favorecida por los acuerdos de la ALALC– se lance rápidamente a la conquista del mercado argentino”.

Los grandes laboratorios incluso recurrieron a la banca internacional, para apretar al gobierno, que por entonces buscaba renegociar vencimientos de la deuda externa con el consorcio de países acreedores conocido como “Club de París”. Según Illia:

“Los distintos gobiernos [...] estaban dispuestos a refinanciar la deuda [y] mandamos a nuestros negociadores a París [...]. Pero en el convenio que se había firmado en época de Aramburu se establecía que, si uno solo de ellos se oponía a una modificación del convenio, este no podría ser modificado. Suponíamos que en 24 o 48 horas arreglaba todo, pero resultó que una parisiense no estaba de acuerdo con la refinanciación de la deuda. El país este era Suiza”.

Que Suiza se opusiese no era casual, ya que allí está la casa matriz de grandes empresas farmacéuticas internacionales. Finalmente, la ley 16.462 de Medicamentos fue aprobada por el Congreso el 23 de julio de 1964.

La norma regía para todo producto “de uso y aplicación en la medicina humana”, incluidas drogas base, reactivos y elementos de diagnóstico, y en toda la cadena de elaboración, fraccionamiento, depósito y comercialización, incluido el comercio exterior y a quienes la integraban. Los laboratorios debían elaborar sus propios productos (no autorizándose los que se limitaran a envasar los producidos por terceros), se establecía la venta al público de los medicamentos en su envase original”. La ley creaba además un Formulario Terapéutico Nacional y el Instituto de Farmacología y de Normalización de Drogas y Medicamentos, cuya función era controlar productos de venta libre destinados a dietas, cosmética y aguas minerales.

Otro aporte importante del doctor Oñativia fue la ley 17.259 de “Obligatoriedad del uso de la sal enriquecida con yodo como profilaxis del bocio endémico”, que ayudó, a través de un mecanismo tan sencillo como el agregado de yodo a la sal doméstica y a la de consumo vacuno, a erradicar una enfermedad que afectaba, según las provincias, entre el 10 y 50% de la población. También el ministro de Salud de Illia logró hacer aprobar la ley de Reforma del Sistema Hospitalario Nacional y deHospitales de la Comunidad e impulsó la creación del Servicio Nacional de Agua Potable, con el objetivo de extender el derecho humano a este consumo básico a todo el país.

Como recordaba Illia, a los 10 días de caer nuestro gobierno el Sr. Onganía decretó el precio libre para los medicamentos, y poco después derogó la ley 16.462


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